Por: Felipe Núñez

Introducción

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecida en 1948, dice que los derechos humanos son los derechos que toda persona tiene por el mero hecho de existir, o que poseen los individuos por el mero hecho de ser humanos. Estos derechos son universales, independientes del sexo, género o nacionalidad, y pueden reclamarse individualmente o en grupo (Kirsch, 2017). «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», es una afirmación basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y subraya cómo cada persona debe ser libre desde el día en que nace y tiene derecho a elegir lo que quiere llegar a ser o ser. Esta es la piedra angular de la legislación internacional sobre derechos humanos, y todo el mundo debe respetarlos y seguirlos. A pesar de estas afirmaciones, se observa alrededor del mundo que estos derechos no son respetados por todos. Por ejemplo, a menudo la gente niega los derechos de otros individuos por factores de sexo y género. Considerando esto, el presente trabajo analizará cómo se siguen los derechos de la comunidad LGBTQI+ en Ecuador.

Históricamente las personas LGBTQI+ son un grupo vulnerable en la sociedad, siendo discriminadas, desprotegidas y asesinadas sin que sus derechos humanos sean respetados. A la luz de los derechos humanos universales, toda persona LGBTQI+ debe ser tratada como cualquier otra, incluida la protección frente a la discriminación. La comunidad LGBTQI+ ha luchado durante décadas para alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos que tienen otras personas, pero todas las batallas que han peleado durante todo este tiempo pueden haber sido insuficientes. Todo el tiempo, en todas partes, se mata a personas porque se las percibe como algo antinatural o perjudicial para la sociedad. Esperemos que, con educación y nuevas leyes, la gente pueda cambiar sus pensamientos y acciones, dando lugar a una evolución en la sociedad. Sin embargo, eso puede seguir siendo un reto para algunas personas.

La teoría política en la que se basa esta monografía es el liberalismo. El liberalismo enfatiza cómo las personas tienden a ver el mundo como quieren verlo (Shane D. Courtland, Gerald Gaus, David Schmidtz, 1996), y el tema de los derechos LGBTQI+ debe ser abordado porque, aunque las personas LGBTQI+ puedan ser entendidas como «diferentes» todos son humanos, y deben ser tratados por igual, con los mismos derechos que cualquier otra persona. Este ensayo pretende informar a las personas y hacerlas conscientes de si en su país -particularmente en la capital ecuatoriana- se cumplen o no todos los derechos previstos para la comunidad LGBTQI+. Lo que observamos es que la comunidad LGBTQI+ está siendo discriminada en todo el mundo.  Aun así, las Naciones Unidas están tratando de poner fin a la discriminación mediante la aplicación de diferentes leyes y políticas para que los países a favor las sigan. Ecuador es uno de los países que estuvo de acuerdo con este logro, considerando que no podemos tener diversidad sin inclusión. En resumen, este ensayo analizará en qué medida el Estado ecuatoriano sigue y respeta las obligaciones legales para proteger los derechos de las personas LGBTQI+ en Quito, según las percepciones de los ciudadanos.

Este trabajo pretende arrojar luz sobre los desafíos de ser parte de la comunidad LGBTQI+, ya que en mi experiencia personal y a través de las entrevistas realizadas, aún existe discriminación presente. Por experiencia propia, es aterrador existir como persona que forma parte de la comunidad LGBTQI+, ya que puedo ser víctima de actos homofóbicos sólo por ser diferente a la norma. Está claro que este asunto no sólo me ha afectado a mí, ya que todavía hay desfiles llenos de personas de la comunidad LGBTQI+ que buscan la igualdad de derechos. Este tema es importante en la Política Global contemporánea, y este ensayo busca informar a la comunidad LGBTQI+ sobre este asunto, reafirmando el hecho de que es un derecho humano no estar constantemente alerta y temeroso debido a la discriminación, y explorando el papel que tiene el gobierno para lograr este objetivo.

Metodología

Este ensayo extendido sobre Política Global tiene como objetivo informar y analizar si el Estado ecuatoriano está cumpliendo con su obligación legal de proteger a la comunidad LGBTQI+. Para analizar esto, estaremos considerando la perspectiva de personas que son parte de la comunidad LGBTQI+, examinando sus puntos de vista y sus experiencias. Esta información se documentará de diversas formas y toda la información recopilada se tratará de forma responsable y cuidadosa, respetando la identidad y la integridad de todas las personas implicadas.  Por lo tanto, las fuentes primarias para esta investigación son entrevistas que se van a aplicar a seis personas de dos grupos diferentes: el primer grupo de personas entrevistadas está compuesto por cinco personas de la comunidad LGBTQI+ y el diálogo será grabado y analizado con fines académicos, respetando las opiniones de las personas entrevistadas. La sexta persona entrevistada es Ana Marcela Paredes Encala, especialista en derechos de la comunidad LGBTQI+ en Ecuador, docente-investigadora y coordinadora de la maestría en Auditoría y Control Gubernamental, Coordinadora del Proyecto «Líderes por la Integridad y el Estado Abierto» y Coordinadora del Proyecto «Estrategia Nacional de Estrategia de Integridad Pública- SERCOP» (IAEN – Instituto de Altos Estudios Nacionales, s.f.). Más allá de eso, queremos resaltar que esta investigación está enfocada en llegar a todo tipo de público, no sólo a personas LGBTQI+ sino también a personas de otras orientaciones e identidades sexuales (heterosexuales, cisgénero, etc.), que puedan conocer la realidad de la comunidad queer.

Literatura y otras fuentes

Mis fuentes secundarias para el ensayo extendido son, «Living Free and Equal » y «Democracia y Derecho de la población LGBTI en Ecuador». «Living Free and Equal » fue publicado por las Naciones Unidas (2016), y es un documento que pone de relieve la violencia, la discriminación y la criminalización que enfrenta la comunidad LGBTQI+ en todo el mundo. El documento esboza el marco jurídico internacional pertinente que protege los derechos de la comunidad LGBTQI+ y ofrece recomendaciones concretas para que los gobiernos, los grupos de la sociedad civil y las personas luchen contra la discriminación. «Democracia y Derecho de la población LGBTI en Ecuador» (Por múltiples autores y fuentes) que es una opinión Electoral.  En este ensayo, incluiremos el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador presentado el 10 de febrero de 2014, y las Constituciones de Ecuador publicadas en 2008 por el gobierno. Ambos instrumentos jurídicos son fundamentales para el ordenamiento jurídico y la convivencia democrática en el país.

Exploración de Terminología

Obligaciones jurídicas

El significado popular del término obligación es el deber de hacer o no hacer algo. En su sentido jurídico, la obligación es un concepto de Derecho civil. Una obligación puede crearse voluntariamente, como la derivada de un contrato, un cuasicontrato o una promesa unilateral (Cornell Law School, 2021).

Derecho a la vida

La Ley de Derechos Humanos protege el derecho a una vida digna. El derecho a no ser privado de la vida se limita a la privación arbitraria de la vida. De ello se deduce que no toda acción que provoque la muerte constituirá una violación de la Ley de Derechos Humanos. Este derecho incluye la obligación de los Estados de tomar medidas para proteger la vida de las personas (Derecho a la vida, s.f.).

Percepción pública

Una creencia u opinión suele estar en manos de muchas personas y basarse en cómo parecen las cosas. La percepción pública es simplemente el tipo de información que se obtiene de una encuesta de opinión pública. Es decir, la «opinión pública» no es más que el conjunto de puntos de vista de un grupo de personas (normalmente una muestra seleccionada al azar) a las que se les pregunta directamente qué piensan sobre determinadas cuestiones o acontecimientos (Terzioğlu, 2023).

Tratados Internacionales & Políticas del gobierno ecuatoriano

Es necesario tomar en consideración el Art. 425 de la Constitución ecuatoriana que menciona lo siguiente «El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y ordenanzas distritales; los acuerdos y resoluciones; y los demás actos y decisiones de las autoridades públicas» (Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 2008).

La Constitución ecuatoriana establece que el Estado reconoce a las personas de manera igualitaria y que todos deben ser tratados por igual y gozar de los mismos derechos humanos, deberes y oportunidades sin ser discriminados ni por su identidad de género ni por su orientación sexual. La constitución de Ecuador (2008), menciona en el Art. 11, numeral 2 que «Todas las personas son iguales y deben gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades» (Constitución de la República del Ecuador, 2008), dando cuenta que ninguna persona debe enfrentar prejuicios por sus diferencias de identidad de género u orientación sexual y que son iguales en dignidad y derechos. De igual manera, el Art. 66, numeral 9 establece: «El derecho a decidir libre, informada, voluntaria y responsablemente sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual» (Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 2008). Finalmente, en el Art. 3 numeral 1 está escrito que los ciudadanos no deben ser discriminados por los derechos establecidos en la constitución ecuatoriana y los derechos internacionales, principalmente en áreas de educación, servicios públicos, alimentación, seguridad social y agua potable.

La Constitución ecuatoriana cuenta con más artículos relevantes que estos 3 mencionados, pero son suficientes para resaltar el propósito de luchar contra la discriminación y ayudar a la comunidad LGBTQI+ a cumplir con sus derechos en el país.

Ecuador ha estado involucrado en algunos tratados internacionales para avanzar en los derechos LGBTQI+, teniendo un compromiso y un reto ayudando a la comunidad. Algunos de ellos son los Principios de Yogyakarta y varios tratados de las Naciones Unidas.

 Los Principios de Yogyakarta hacen hincapié en los derechos humanos universales y en el reconocimiento legal de la orientación sexual y la identidad de género ((CIJ), 2007). Desde marzo de 2007, Ecuador ha asumido estas obligaciones legales, promoviendo su dedicación a aceptar la diversidad y apoyar a las personas LGBTQI+. Asimismo, Ecuador ha sido mencionado en la publicación «Living Free and Equal» publicada en 2016. Donde dictó medidas contra la terapia de conversación, uniéndose a otras naciones en la protección de las personas LGBTQI+ contra la discriminación y la violencia. Ha sido parte de otros países como Australia, Chile y Croacia en reconocer las uniones entre personas del mismo sexo ofreciendo derechos para adquirir el matrimonio civil.

La Ley Penal de Ecuador (Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 2021), también tiene artículos sobre la discriminación y el discurso de odio contra la comunidad LGBTQI+. El Art. 177, Art. 176, Art. 7, y Art. 151, por mencionar algunos, castigan y penalizan los actos homofóbicos. El Art. 177 dice «La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, condición socioeconómica, estado de salud o condición de VIH, será sancionada con pena privativa de libertad. será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. «(Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 2021).

A la luz de lo observado hasta ahora, no cabe duda de que no sólo la comunidad LGBTQI+, sino también otros grupos minoritarios, gozan de una amplia protección jurídica en Ecuador. Pero, ¿se cumplen plenamente estas leyes? ¿Ayuda realmente el Estado ecuatoriano a la comunidad LGBTQI+? Las siguientes secciones se centrarán en estas preguntas, analizando a través de las entrevistas mencionadas en la sección de metodología la percepción de la comunidad LGBTQI+ sobre el grado de cumplimiento de sus derechos por parte del Estado ecuatoriano.

Comunidad LGBTQI+ en Ecuador

Han pasado sólo 27 años desde que la homosexualidad fue despenalizada en Ecuador. Antes de 1997, la realidad de la comunidad LGBTQI+ era mucho más dura y las personas eran discriminadas en todas partes. En aquella época, era habitual que las personas LGBTQI+ sufrieran daños psicológicos por parte de grupos militares que ejercían la violencia, lo que constituía una violación del Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por aquel entonces, el artículo 516 del Código Penal prohibía las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo en Ecuador. El gobierno aplicaba activamente esta ley, sometiendo a severas consecuencias a quienes se desviaban de las expectativas heteronormativas de la sociedad. Estas personas corrían el riesgo de sufrir violencia, incluidas violaciones, amenazas, penas de prisión de entre 4 y 8 años y, trágicamente incluso la muerte (Álvarez, 2017).

A finales de la década de 1990, tras la derogación del artículo 516, se celebró en Quito la primera Marcha del Orgullo. Esto marcó el primer desfile LGBTQI+ en Quito, señalando un cambio significativo en la aceptación y el reconocimiento social (Alomoto, 2023). Además, en 1997, se establecieron organizaciones fundamentales como «La Asociación de Gays, Travestis y Transexuales», marcando el inicio de la primera asociación dedicada a apoyar y proporcionar un espacio seguro para la comunidad LGBTQI+, especialmente los miembros más jóvenes (Intrago, 2022). Posteriormente, surgieron organizaciones significativas como la Asociación Silueta X y Diálogo Diverso en Quito y Guayaquil. A pesar de la aprobación del desfile y la abolición de las leyes discriminatorias contra la comunidad LGBTQI+, Alejandro Espín, involucrado en la organización del Desfile LGBTQI+, señala en la entrevista que se han tomado varios años para que la gente participe activamente en el desfile, ganando gradualmente un sentido de seguridad con respecto a su sexualidad e identidad.

Discriminación entre la comunidad LGBTQI+

Como se ha mencionado anteriormente, para esta investigación se entrevistó a cinco personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+: dos (G) hombres homosexuales, una (T) mujer transexual, una (Q) persona queer y una (B) persona bisexual. Uno de los entrevistados prefirió permanecer en el anonimato y, por motivos de confidencialidad, nos referiremos a la persona como (K).

Durante la entrevista, se preguntó a los participantes sobre sus experiencias de discriminación o acoso por motivos de orientación o identidad sexual. Las respuestas fueron variadas, y la mayoría afirmó no haber sufrido discriminación personalmente. Sin embargo, muchos reconocieron conocer a miembros de la comunidad que se habían enfrentado a este tipo de problemas. En particular, (K) compartió un relato personal en el que destacaba los retos de ser queer en un entorno profesional, relatando casos de comentarios homófobos y de odio por parte de sus compañeros: «Esta compañera de trabajo se pasaba todo el tiempo con comentarios muy feos cuando conocía mi orientación sexual. Por suerte, nunca he estado solo porque tengo más compañeros que me caen muy bien, me apoyan y ayudan a frenar el acoso y los comentarios de odio de esta persona. Yo no oculto quién soy, soy yo» (K- Entrevistadx).

Agustina Carvajal compartió su relato, relatando el acoso que sufrió como persona Trans (T) en Quito, Ecuador. «Me acosan mucho en la calle. Una vez iba caminando por la calle y tres tipos me empezaron a seguir por 3 cuadras, la verdad es que me dio miedo porque siento cuando alguien me está siguiendo y me pueden matar por el simple hecho de ser mujer Trans, porque nos matan por el solo hecho de caminar por la calle».

Christian Torres, que se identifica abiertamente como gay, reveló haber sufrido discriminación en varias facetas de la vida, como la escuela, el lugar de trabajo y las calles de Quito. Aunque la mayoría de los entrevistados compartieron casos de acoso o discriminación en su vida cotidiana, Alejandro Espín (ciudadano gay) señaló que estos encuentros no solían ser directos ni abiertamente ofensivos. Sin embargo, a menudo se manifestaban verbalmente o a través de la forma en que se trataba a las personas.

Durante las entrevistas, se preguntó a los participantes si encontraban obstáculos para acceder a servicios, bienes u oportunidades debido a su orientación sexual. Esta pregunta se ajusta a los principios establecidos en el artículo 3, numeral 1, de la Constitución ecuatoriana, que salvaguarda los derechos humanos. (K) expresa la dificultad de encontrar un médico o servicios que le infundan una sensación de satisfacción y seguridad:

Primero tuve que escribirles y ver si el médico trabajaba con personas LGBTQI+. Envié más de 10 mensajes y solo me respondió un médico. Tuve que viajar 1 hora o más para reunirme con el médico, lo que me dio seguridad porque donde vivo no hay un trabajo digno de un especialista que me trate de forma respetuosa y digna de confianza. La mayoría de las veces que fui a otros médicos, siempre me preguntaban si me había hecho la prueba del VIH cuando conocían mi orientación sexual» (K- Queer).

Como cita Alejandro Espín, «conozco amigos que cuando los profesionales, sabían que formaban parte de la comunidad LGBTQI+ les han negado el tratamiento por miedo a que pudieran contagiar a otros pacientes de VIH o SIDA». Los relatos compartidos por varios miembros de la comunidad LGBTQI+ ponen de relieve la evidente falta de trato igualitario y digno, lo que indica una desviación del cumplimiento exacto de ciertos artículos constitucionales. Los derechos universales, en particular los recogidos en el artículo 21, que afirma el derecho de toda persona a acceder a los servicios públicos de su país, parecen no tenerse debidamente en cuenta.

La cuarta pregunta de la entrevista aborda si las instituciones del Estado ecuatoriano han contribuido al bienestar de la comunidad LGBTQI+. Todos los entrevistados, lamentablemente, tuvieron una respuesta negativa, lo que significa que el gobierno no cumple con todos los artículos que están en la Constitución de Ecuador y el Código Orgánico Integral (COIP). Mariajose Barroso, ciudadana bisexual, apoya la idea diciendo: «Creo que el Estado ecuatoriano ha hecho un par de cosas por el bienestar de la comunidad, pero sigo pensando que no es suficiente, y no tenemos suficiente representatividad».

Aunque Ecuador ha puesto en marcha algunas reformas para apoyar a la comunidad LGBTQI+, es crucial que estas leyes y artículos se apliquen de forma efectiva. Según Alejandro Espín, el reconocimiento no sólo se debe a las autoridades, sino también a los miembros de la comunidad que alzan la voz y participan en marchas para aumentar la visibilidad y el respeto. A pesar de las políticas que facilitan el cambio de género y de nombre para la comunidad Trans en los documentos oficiales, Agustina Carvajal (T) señala que la falta de información proporcionada por el Estado supone un reto que impide a las personas Trans acceder plenamente a sus derechos. Esto refleja una deficiencia en la colaboración, apoyo y desempeño del gobierno para con la comunidad.

En la entrevista se indagó sobre los cambios esenciales que el Estado ecuatoriano debe implementar para lograr una mayor igualdad y seguridad para la comunidad LGBTQI+. Christian Torres enfatiza:

La educación es primordial, y debe ser nuestro punto central. No estoy sugiriendo normalizar las discusiones entre las personas o los niños, sino garantizar que perciban de forma natural la diversidad como algo normal. La clave es proporcionar información sobre las distintas orientaciones, identidades y géneros, transmitiendo que la expresión de la sexualidad es totalmente normal y no algo tabú o poco común. El objetivo es dotar a los individuos de los conocimientos necesarios para construir una sociedad más progresista, fomentando el pensamiento liberal y una mentalidad abierta.

Christian Torres también destacó la necesidad de un «proceso legal para garantizar mejores derechos». Esto no se refiere únicamente a la facilidad para obtener una unión libre o el matrimonio; en cambio, subraya la importancia de leyes que den visibilidad al matrimonio igualitario, reflejando el reconocimiento dado a las uniones heterosexuales. Además, aboga por leyes que refuercen los derechos de adopción y permitan a la comunidad LGBTQI+ presentar denuncias contra el acoso y la violencia.

Es fundamental reconocer la importancia de los derechos y las perspectivas que defiende Christian Torres. A pesar de no ser un profesional en este campo, ofrece valiosas ideas sobre los cambios necesarios para mejorar la visibilidad de las personas LGBTQI+ en Ecuador. Hacer hincapié en la importancia de la información y la educación está en consonancia con los principios expuestos en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que «Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, por lo menos en las etapas elementales y fundamentales». Este énfasis en la educación pretende fomentar una mentalidad abierta en los niños y cultivar individuos que respeten y acojan la diversidad.

Ninguno de los cinco entrevistados pudo dar una respuesta clara a la pregunta sobre posibles cambios en el nuevo gobierno de Daniel Noboa. La falta de mención sustancial de los temas LGBTQI+ en las propuestas de Daniel Noboa llevó a los entrevistados a percibir la postura del nuevo gobierno como indiferente. Sin un aparente apoyo o reconocimiento de la comunidad LGBTQI+ en la agenda del gobierno, los entrevistados no expresaron ninguna expectativa de importancia o impacto positivo. Alejandro Espín añade:

El gobierno de Noboa es muy joven para poder hacer un cambio para la comunidad LGBTQI+, pero por la edad de Noboa y sus ideas siento que podría ser posible a través del diálogo, por el respeto a nuestros derechos como comunidad LGBT que sea un gobierno de centro derecha en vez de derecha». 

De ahora en adelante, la postura del presidente Daniel Noboa hacia la comunidad LGBTQI+ sigue siendo ambigua, sin que se evidencie ni un apoyo explícito ni una desaprobación. Esta incertidumbre se atribuye a que el gobierno se centra actualmente en hacer frente a los agentes no estatales y a los problemas de seguridad imperantes, que son primordiales en la escena mundial. Dada la duración relativamente corta del mandato de Daniel Noboa -específicamente 1 año y 6 meses- se considera improbable que se produzcan cambios significativos en varios ámbitos más allá de la seguridad nacional. No obstante, queda una señal de esperanza de que la administración de Daniel Noboa pueda evolucionar y ofrecer apoyo en áreas específicas, como sugiere Alejandro Espín (G).

Para conocer en profundidad las experiencias de la comunidad LGBTQI+ en Quito, Ecuador, era imprescindible consultar a una experta en la materia. Ana Marcela Paredes, con maestrías en administración pública y relaciones internacionales, aporta una gran riqueza de conocimientos al debate. Con experiencia docente en varias universidades nacionales e internacionales, incluida la Universidad George Washington (IAEN – Instituto de Altos Estudios Nacionales, s.f.), Ana Marcela ha dedicado su vida a apoyar y ayudar a las personas LGBTQI+. Entre sus notables contribuciones se incluye el papel crucial que desempeñó para facilitar el cambio de género en los documentos de identidad. Nos cuenta:

Con mi equipo conseguimos que la ley del registro civil permitiera el cambio de género en el DNI. Un voto de una campaña de sensibilización no sólo con la gente del Consejo Electoral sino con todos los actores involucrados en el proceso. Fue un poco de trabajo porque al principio no hubo mucha colaboración de los diferentes actores políticos (Ana Marcela Paredes, 2024).

Durante la entrevista realizada el 24 de enero de 2024, destacó que los derechos LGBTQI+ siguen sin ser reconocidos, visibilizados y carecen de respeto legal debido a la cultura conservadora y cerrada que prevalece en Ecuador. Según su apreciación, es poco probable que esta postura cultural, que no acoge la diversidad de los individuos, experimente cambios significativos: «Lamentablemente es una sociedad, clasista que vive con muchos estereotipos y no se integra y no tiene la capacidad de apoyar a los que son diferentes» (Ana Marcela Paredes).

Desde la pregunta inicial a Ana Marcela, ésta afirma la ausencia de apoyo gubernamental a la comunidad LGBTQI+ en Ecuador, destacando casos en los que las personas son incivilizadas y sometidas a burlas por el mero hecho de ser diferentes. A lo largo de la hora que dura la entrevista, Marcela hace hincapié en la falta de acciones perceptibles, posiciones claras o apoyo del nuevo gobierno a la comunidad LGBTQI+. Según su valoración, no ha habido una respuesta integral por parte del Ministerio de Derechos, y no percibe las cuestiones LGBTQI+ como una prioridad para el gobierno actual.

Conclusión

Para concluir, el ensayo evalúa el estado de los derechos LGBTQI+ en Quito, Ecuador, incluyendo el grado de cumplimiento de los requisitos legislativos y la opinión pública sobre la defensa de estos derechos. El estudio considera los acuerdos internacionales, las acciones del gobierno ecuatoriano y los marcos legales, incluyendo el Código Orgánico Penal y la Constitución. A pesar de todos los avances legales para proteger a la comunidad vulnerable, la discriminación persiste en todas partes, enfrentando retos en su vida diaria, resaltando una separación entre los marcos legales y sus afirmaciones desde el 2019 hasta el 2024.

Existe la necesidad de una mayor conciencia, y políticas gubernamentales más fuertes para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos, es importante que el gobierno ecuatoriano monitoree exhaustivamente si los derechos de la comunidad LGBTQI+ están siendo respetados. En general, la comunidad LGBTQI+ de Ecuador tiene una mala percepción del gobierno, y quienes respondieron a la encuesta expresaron su deseo de contar con mayor asistencia y representación. Se necesitan mejoras en la concienciación, la educación y los procedimientos legales. Los encuestados expresaron la importancia de la educación social para promover la aceptación y la comprensión de las diversas orientaciones e identidades sexuales.

El gobierno ecuatoriano puede aplicar el poder blando a través de campañas e influencia mediática para lograr el respeto y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQI+, sensibilizando, promoviendo e influenciando a las personas para que sean más inclusivas y comprensivas con la minoría, estos son pasos claves que Ecuador debe aplicar para hacer un Ecuador diverso. En esencia, este ensayo extendido quiere informar a las personas sobre la comunidad LGBTQI+ sus experiencias diarias que viven en la capital del Ecuador, y todos los marcos legales y acciones gubernamentales concernientes a la comunidad LGBTQI+.

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Apéndice: 

En mi opinión, ser diferente y parte de la comunidad LGBTQI+ ha sido un reto, a veces da miedo ser uno mismo por la discriminación que existe, y a veces tengo miedo de que por ser diferente pueda ser blanco de actos homofóbicos, porque eso es lo que se siente ser LGBTQI+ en Ecuador, estar inseguro y siempre sentirme consciente de cómo camino, cómo hablo y cómo me siento por las demás personas. Pero es importante no estar constantemente pendiente/miedoso/consciente de lo que piensen los demás, es simplemente ser uno mismo, porque ser único es una cualidad que no muchas personas tienen, el estado ecuatoriano debe superar este tema porque solo así podremos tener personas más seguras de sí mismas, personas que no tengan miedo de ser quienes son en las calles y con su entorno, dando lugar a un Ecuador diverso. (Estudiante, 2024)